EL ESTADO DE ALARMA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Art. 4. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
El Control Aéreo en España, ha sido quebrado por las personas que realizan las labores de vigilancia y control de los sistemas de navegación aérea. La ausencia de su puesto de trabajo de unos pocos controladores aéreos, ha puesto en estado de alerta a un país como España. Sin duda, no tiene justificación alguna dicha actitud colectiva, organizada y llena de provocación profesional corporativa, que tendrá 
consecuencias para quienes han provocado la situación de caos en los aeropuertos españoles y han truncado sin aviso previo (no ha sido una huelga), la libertad de transito de miles de personas. Sin embargo, este conflicto no es nuevo en España y tampoco es desconocido para la empresa AENA o para el propio Ministro de Fomento (José Blanco) como representante del Gobierno. El conflicto que enfrenta desde hace años al Gobierno y Controladores, ha contado con un nuevo despropósito del Ministerio de Fomento y del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como es la utilización del Boletín Oficial del Estado, para resolver cualquier conflicto laboral. Una formula utilizada frecuentemente por los diferentes gobiernos en España, para resolver desacuerdos laborales o imponer Reformas contra los legítimos derechos de los trabajadores.
Con todo ello, se hace difícil pensar que habiendo calificado el Sistema de Control Aéreo de AENA y el trabajo que vienen realizando los Controladores en su funcionamiento, como una situación de especial trascendencia para la sociedad y un servicio público de carácter esencial. ¿Como va a resolver el Gobierno este servicio esencial?, quizás enfrentándose a un colectivo de trabajadores que a pesar de su carácter corporativo, tiene una legislación laboral que ha sido fruto de acuerdos y negociaciones colectivas. Del mismo modo, cuenta con una falta considerable de recursos profesionales, con una escasa incorporación a nuevos puestos de trabajo y, finalmente, ¿como va a conseguir que estos trabajadores se sometan? a unas condiciones de trabajo de máxima atención y estrés laboral, que sea compatible con la seguridad aérea que se requiere por las normas de aviación internacional.
Sin duda, la decisión de activar el Estado de Alarma como modo de resolver este conflicto laboral, ha puesto de manifiesto, la incapacidad del Ministerio para encontrar una solución negociada a las condiciones de este colectivo, descartándose de forma previa, todas las medidas necesarias para mejorar el servicio de control aéreo de nuestro país. Sin embargo, se utiliza la vía del Decreto como formula coactiva de resolver los problemas, lo que pone en serias dudas, la capacidad del Gobierno para resolver esta situación incomoda y complicada para todos los intervinientes en el conflicto.
Y finalmente, nadie puede pensar que España debe permanecer en Estado de Alarma de forma continuada o a la espera de resolución de un problema laboral que tiene su propia jurisdicción y su método de interpretación legislativa. La situación de Estado de Alarma, no puede mantenerse para esconder la incapacidad del Gobierno a la hora de resolver los conflictos sociales o laborales, de una forma consensuada. Un Gobierno, que utiliza siempre nuevas medidas para favorecer a los mercados financieros y con ello, seguir reduciendo derechos laborales dignamente conseguidos por la clase trabajadora, no es un Gobierno del Pueblo.
Las privatizaciones, no pueden ser la salida de la crisis.
