14N.- Razones para la Huelga General, contra la Injusticia Social y Laboral.

 

    TENEMOS  QUE PARARLOS

Existen razones para la Huelga General:

1. Porque las políticas que sufrimos se deciden, en gran medida, en Europa, y para que las instituciones europeas no escuchen únicamente la voz de los poderosos y rectifiquen unas medidas que en toda la Unión Europea han dejado más de 24 millones de personas en el paro.

2. Porque en España los efectos de la reforma laboral y de las políticas basadas en la reducción del déficit que renuncian a la reactivación económica han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa. Una de cada cuatro personas que quiere trabajar no encuentra empleo. Más de un millón setecientas mil familias tienen a todos sus miembros en el paro.

3. Porque mientras crece el paro se recortan las prestaciones por desempleo.

4. Porque nuestros jóvenes están condenados al paro (más del 52%), a la exclusión social o a la emigración, con lo que se truncan sus proyectos personales y se sacrifica el futuro del país.

5. Porque los recortes en educación, los incrementos de las tasas universitarias, la reducción de las becas y la reforma educativa que promueve el Gobierno deterioran la calidad de la enseñanza; privan a muchos jóvenes de la posibilidad de acceder a los estudios superiores e imponen una educación clasista, sexista y conservadora que solo beneficia a los sectores privados y religiosos de la enseñanza.

6. Porque los recortes en Investigación y Ciencia perjudican las posibilidades de recuperación económica en el presente y el desarrollo del futuro; además de expulsar de España a talentos reconocidos, de los cuales se aprovechan otros países.

7. Porque los recortes en sanidad y la introducción del “repago” sanitario están excluyendo a los sectores más desfavorecidos, inmigrantes, portadores del virus del sida,… de la atención sanitaria; están devaluando la calidad de la asistencia aumentando las listas de espera y supondrán un retroceso en nuestra calidad y esperanza de vida.

8. Porque los recortes en la aplicación de la Ley de De- pendencia deja a miles de personas, las más necesitadas, sin una atención adecuada, y a miles de trabajadores y trabajadoras sin empleo.

9. Porque se está empobreciendo a la mayoría de la sociedad y empujando a la exclusión social a miles de familias. Se están recortando salarios en el sector público y en el privado; se están reduciendo las prestaciones sociales, mientras nos hacen pagar medicamentos y nos suben los impuestos. Todo ello ha hecho crecer el número desahucios y de pobres en España

–según el indicador AROPE, de la Unión Europea, la tasa de riesgo de pobreza en España podría ser del 26,8% en 2012–

10. Porque en estas condiciones las familias reducen sus gastos y consumen menos. Menos consumo y menos actividad económica, lo que acaba destruyendo empleo y perjudicando a las actividades culturales y de ocio, a los pequeños empresarios, comerciantes y autónomos que, además, siguen sin recibir el crédito de los bancos que necesitan para mantener su actividad. Una situación que en el pequeño comercio se ve agravada por la liberalización de los horarios comerciales que solo beneficia a las grandes superficies.

11. Porque están en riesgo las pensiones públicas, que en la actualidad son el sustento de miles de familias que no tienen otras fuentes de ingresos.

12. Porque así no se sale de la crisis. Llevamos varios años sufriendo estas políticas y estamos peor que antes.

13. Porque el sacrificio no es compartido por toda la sociedad. Las élites económico financieras se salvan de la crisis e incluso sacan beneficio de ella, al abrigo del Gobierno. Son escandalosas las indemnizaciones de los altos ejecutivos de las cajas y bancos que ayudamos entre todos a rescatar; como es escandalosa la amnistía fiscal para los defraudadores a la Hacienda pública.

14. Porque el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral cometiendo un fraude democrático en toda regla. El Gobierno, en lugar de dialogar y buscar acuerdos sobre políticas más justas y equitativas para superar la crisis, está actuando de forma autoritaria y antidemocrática contra todas y todos aquellos que nos atrevemos a cuestionar su actitud.

El desempleo sigue azotando a la clase trabajadora en España.

España ha alcanzado una cifra record y preocupante en el número de personas afectadas por el desempleo. superando así, la tasa tasa de paro más elevada desde los años 70, llegando al 25,02% de la población activa española e integrando a 5.778.100 trabajadoras y trabajadores en el listado de personas que pretenden un puesto de trabajo y no lo consiguen.

El número de hogares en los que todos sus miembros están en paro se sitúan ya en 1.737.900, alcanzando también cifras y límites históricos que han producido un aumento más que considerable, contabilizándose un incremento de 312.700 nuevos hogares afectados en el último año, cifra computa desde el mes de octubre de 2011.

Es evidente que tras la Reforma Laboral aprobada por el actual Gobierno del PP, mediante el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que decían tener por finalidad, la de favorecer el empleo de trabajadores mediante el aumento de los puestos de trabajo. Ha logrado ser, un tremendo engaño y una estafa del actual Gobierno, que como se advirtió en su momento por los sindicatos de clase y por numerosos profesionales del derecho, venia a favorecer:

• Despidos más fáciles, rápidos y baratos.
• Perdidas de referencias del Convenio Colectivo e incumplimiento de derechos en ellos contenidos.
• Reducción salarial y perdidas poder adquisitivo de los salarios.
• Eliminación paulatina de prestaciones de desempleo.
• Expedientes de Regulación de Empleo, sin supervisión sindical.
• Eliminación progresiva de la negociación colectiva como base integrada de derechos laborales.
• Erradicar los sindicatos como símbolo de representación sindical en la empresa.
• Extinguir el poder de los sindicatos de clase como salvaguarda de derechos y libertades en los centros de trabajo.

Hoy, después de nueve meses de mentiras y embustes, los diferentes ministerios implicados en fomentar el empleo, continúan haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado, al mostrarse la espectacular escalada de destrucción de puestos de trabajo que diariamente se ejecutan en todas las empresas españolas y, se niegan a reconocer el verdadero drama social que representa seguir en esta situación y mantener los efectos de la misma.

Un mapa que se extiende por todos y cada uno de los pueblos de España, afectando a todas las comunidades autónomas o de nacionalidad en las que de nuevo se vuelve a destacar la importancia social y laboral que tiene aplicar unas políticas económicas erróneas, en vez de, estar ligadas a la creación de empleo que contribuyen al bienestar de los trabajadores. Por el contrario, como viene siendo habitual, la línea elegida por el Gobierno del Partido Popular, consiste en fomentar los despidos como formula de reducir gastos, aplicando políticas que propician los Expedientes de Regulación de Empleo y Despidos Objetivos, y en paralelo, se procede a desinvertir en políticas de empleo para más tarde, poder utilizar la formula de desviar presupuestos para sanear bancos y poderes financieros afines dentro y fuera de España.

La voz del pueblo exige un Referéndum.

 

Señor Presidente del Gobierno de España:

Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.

No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato electoral” establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio, y creciente, riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-, que puede desembocar en expresiones mucho más dramáticas e indeseables que las que hemos visto hasta ahora.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo... Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.

No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.

Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

Octubre 2012

 

http://www.exigimosunreferendum.org/

La Clase Obrera cada día más pobre.

Un reciente estudio realizado por la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras, arroja una visión exacta de la realidad que esta viviendo la clase obrera en España, como consecuencia de las políticas neoliberales que vienen aplicando los gobiernos de la derecha.

En su Introducción podemos destacar lo siguiente:

Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población.
El empobrecimiento de la población trabajadora no es una consecuencia “natural” de la crisis: la falta de reacción en un primer momento, las medidas erráticas en un segundo momento, la caída de la inversión y, finalmente, la instauración de una línea abiertamente neoliberal desde las instancias políticas,  arrojan un saldo en el que a la intensa y prolongada destrucción de empleo hay que unir la precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección de los derechos laborales en el marco del mercado de trabajo y el drástico recorte de los recursos sociales que definen
el Estado del Bienestar, unido a profundas reformas que auguran su desmantelamiento.
En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.
El fenómeno de los trabajadores pobres es estructural únicamente en determinadas sociedades, donde a las precarias condiciones de empleo se une la escasez de recursos sociales. Sin embargo, en los estados sociales europeos, el volumen de población en riesgo de pobreza venía siendo atemperado por las políticas públicas de carácter social, bien por la vía de la transferencia de rentas (pensiones, prestación por desempleo, rentas básicas), bien por la amplitud y densidad de los servicios públicos, especialmente en lo
que se refiere a la provisión gratuita en el momento de su uso de bienes esenciales como la educación o la sanidad.

Los bajos salario, un factor determinante para explicar la pobreza.
Aún cuando pueda parecer una obviedad, el fenómeno de la pobreza, su comprensión y explicación, parten de una cuestión clave: la desigual distribución de la riqueza y de la renta, tanto en sentido “vertical” (rentas del trabajo y rentas del capital) como en sentido “horizontal” (distribución de recursos entre la población).
En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente.

Los recortes en derechos sociales y prestaciones amplían el fenómeno de la pobreza.
Con todo, y aunque en los casos extremos los ingresos son determinantes para la posición con relación a la pobreza de las personas (ingresos muy altos o muy bajos), no son el único factor que determina la situación de pobreza; a los bajos ingresos hay que añadir  la mayor o menor dificultad (en el extremo, la imposibilidad) para acceder a determinados bienes o servicios para satisfacer necesidades básicas, teniendo en consideración, además, que no todas las personas están en edad de trabajar o pueden hacerlo.
Aquí el papel de las políticas públicas de carácter social es determinante, y aquí es donde también encontramos una de las claves para el incremento de la pobreza en España. 

Educación, Sanidad, y Atención a la Dependencia, tres derechos básicos que se restringen, empobreciendo al conjunto de la ciudadanía.
Aún debemos hablar de otros factores que van a incidir seriamente en el mayor empobrecimiento de la población trabajadora, como son los recortes en materia de educación, sanidad y atención a la dependencia.
Unos recortes que, por rebajar necesariamente su calidad (la reducción de plantillas y de inversiones en los tres casos es una constante desde el inicio de la crisis y va profundizándose de manera contundente), hace inaccesible, de facto, este tipo de bienes para determinadas capas de la población: la dejación de la educación infantil en el sistema educativo público, el drástico recorte en becas y ayudas al estudio, el incremento de las tasas universitarias, el copago sanitario, la exclusión de las recetas de medicamentos de uso habitual, el copago de los servicios de atención a la dependencia (excepto para las rentas muy bajas), la moratoria para la prestación de este servicio a quienes tienen un grado de dependencia moderado, la reducción de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, son algunos de los factores que van a ser determinantes para el incremento de la pobreza en nuestro país.

Una fiscalidad injusta que penaliza a quienes están en una situación más vulnerable.
Como va a ser determinante el hecho de que el gobierno, desoyendo a quienes reclaman una reforma fiscal en profundidad (Comisiones Obreras entre ellos), de carácter progresivo y por tanto, con capacidad redistributiva, haya optado por los impuestos indirectos, un incremento desorbitado del IVA en productos que son esenciales para garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas y salubres para la población, como el gas o la electricidad, o para garantizar la equidad en la educación, como es el caso del material escolar.

La pobreza no incide de forma homogénea entre la población trabajadora.

El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo sino que viene determinado por una serie de factores de carácter laboral, y vinculados a su perfil social y a circunstancias de las unidades de convivencia.
En España, el patrón de crecimiento ha estado muy vinculado a la creación de empleos muy intensivos en mano de obra que requerían  escasa cualificación, con una dinámica de externalización productiva que ha supuesto una fuerte atomización del tejido empresarial, hasta el punto de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) concentran más del 60 por ciento del empleo en España (del cual aproximadamente la mitad se encuentra en micro empresas de entre 0 y 9 personas empleadas), y asentado sobre un sistema de relaciones laborales que las sucesivas reformas no han hecho sino fragmentar e inclinar peligrosamente hacia una excesiva temporalidad en la contratación.

http://www.1mayo.ccoo.es