Por: José María Serrano Rodríguez
Los procesos de privatización iniciados en el año 1985 por el Gobierno de Felipe González (PSOE) y culminados en 1999 por el Gobierno de José María Aznar (PP), modificaron el papel del servicio publico de las telecomunicaciones en España y concretamente la figura de la empresa Telefónica, entrando a saco en el concepto más amplio del empleo fijo, estable, seguro y para toda la vida que más de 67.000 trabajadores y trabajadoras, como tantos y tantas, venían mantenido hasta la entrada en vigor de estas políticas liberalizadoras de los servicios públicos, contrarias a los derechos de los trabajadores y encaminadas a propiciar la aplicación de un mercado capitalista en una economía sin restricciones. Iniciándose, de igual forma, un deterioro paulatino de este servicio publico y su carácter universal para los ciudadanos.
A partir de esos momentos, con la escusa de la liberalización y la entrada de la competitividad en las telecomunicaciones, se producen varias formulas de reducción de plantilla bajo la forma de Expedientes de Regulación de Empleo que producen más de 17.300 bajas en el periodo 1999-2000 y una perdida cercana a 14.000 puestos de trabajo en el periodo del 2003-2007.
Hoy, esas políticas de aminoración de costes por la vía de reducción de personal, sitúan a Telefónica en una plantilla de 34.000 empleados, estando previsto volver a reducir 8.500 puestos de trabajo en los próximos cinco años, en una continua política de amortización y perdida de puestos de trabajo que no tienen punto final. Sin embargo, los beneficios empresariales del Grupo Telefónica han dado un resultado reciente de 10.167 millones de euros, el mayor logrado jamás por una compañía española, creciendo un 31% durante el último año 2010.
Sin embargo, el debate abierto estos días sobre la conveniencia o no de una reducción de plantilla en Telefónica o bien, las condiciones de salida de esos 8.500 trabajadores, es un debate falso que sitúa a los trabajadores en una disyuntiva económica e ideológica adversa y no clarifica el verdadero futuro de la empresa o de la continuidad de los puestos de trabajo que actualmente permanecen.
Nos encontramos en una verdadera batalla del sistema de la economía de libre mercado (capitalista) que en esta ocasión, esta liderado por los directivos de Telefónica y su Presidente Cesar Alierta que conjuntamente en consonancia con las políticas neoliberales europeas y sus apoyos en España; nos vienen a proponer una nueva reducción del Mercado de Trabajo, sin importar las formulas económicas que se utilicen, van imponiendo continuas reducciones de plantilla y por otro lado, va haciendo aumentar el Desempleo y contienen de forma gratuita el crecimiento salarial.
Este tipo de situaciones, son consecuencia de una política económica errónea que se viene practicando desde hace años y que tiene como ejemplo la reciente Reforma Laboral que ampara mayores facilidades de despidos, mediante la figura del Despido Objetivo, favorecen a los empresarios y las grandes empresas, facilitando al mismo tiempo, una gran perdida de derechos que los trabajadores venían disfrutando, como es el caso del límite de jubilación a los 65 años. Amparo político que se ha visto reflejado en los dos partidos políticos mayoritarios (PSOE-PP).
Ante estas medidas empresariales, solo caben, políticas colectivas encaminadas a reponer las tasas de empleo que son necesarias en las empresas y tomar medidas, como la reducción de la jornada laboral que haga posible la entrada de mayor número de trabajadores en el mercado laboral; siendo las empresas las que deben repercutir los costes sociales y la reposición de empleo con cargo a sus beneficios empresarial. A esto le llaman Revolución.
