Finalmente, el Gobierno, Patronal y Sindicatos, han firmado el llamado Acuerdo Social y Económico, o el Pacto de Reforma de las Pensiones-, para quienes continuamos pensando que era innecesario y solo da continuidad a la claudicación realizado por el Gobierno de Zapatero y la Unión Europea, ante los insaciables e incontrolados mercados financieros para producir una reducción importante en las pensiones futuras, buscando el acomodo de los defensores de los Planes Privados de Pensiones. Produciéndose, por tanto, no solo una disminución de la pensión que el trabajador va a recibir en el futuro, sino que además, se han mermado derechos en materia de jubilación que los trabajadores venían disfrutando con plena vigencia, tanto en el terreno legislativo, como en el terreno presupuestario. Existiendo otras formulas más progresistas para buscar los equilibrios necesarios en el sistema de pensiones, manteniendo los actuales parámetros, sin alterar el verdadero valor de reparto suficiente. No olvidando, el cambio brutal en la política social que ha experimentado el Gobierno, alterando sustancialmente el sostenimiento público del Estado del Bienestar, tan necesario en épocas de desigualdades sociales como las que esta produciendo la actual crisis y, el elevado porcentaje de precariedad laboral que se ha producido en España como consecuencia de la Reforma Laboral.
Atrás han quedado las legitimas aspiraciones de millones de trabajadores que durante muchos meses han venido manifestando y mostrando su malestar ante las reformas que vienen recortando sus derechos laborales, por ejemplo las referidas al empleo o la pensión digna que sobrepasa los límites recogidos en el artículo 35 de nuestra Constitución que establece: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. De este modo, con este acuerdo calificado de negociación global y que tiene -según algunos interlocutores- razones de equilibrio, interés general o dicen poner freno a las pretensiones iniciales del Gobierno, dejan sin valor, aquellas propuestas de mejorar el sistema de pensiones por vías impositivas ajenas al mismo, como forma de equilibrio sin merma de derechos de sus integrantes.
De otro modo, son insuficientes las razones para justificar la reducción tan drástica de los efectos económicos de las pensiones y poner en cuestión el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones, ya que, no solo ha beneficiado a las posiciones del Gobierno y a quienes aspiraban a introducir reformas –como los poderes financieros-, sino que han roto la propia correlación interna existente en el sistema de pensiones, mediante la introducción de diferentes opciones de anticipación de pensión que únicamente viene a contribuir, tan solo, a reducir las pensiones hasta un 25% de su valor actual y generará para muchos trabajadores la obligación de retrasar su jubilación a los 67 años de forma generalizada. Con ello, se logra el principal objetivo del Gobierno: AMPLIAR LA EDAD DE JUBILACIÓN HASTA SITUARLA EN LOS 67 AÑOS de forma definitiva, además de, AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE LOS AÑOS DE COMPUTO DEL CALCULO DE LA PENSIÓN y también, ALARGAR EL NÚMERO DE AÑOS SUFICIENTE para ser portador de derecho a dicha pensión.
Muchos trabajadores estamos convencidos de que este sistema de reformas, no contribuirán a resolver la crisis económica, sin embargo, van a generar nuevas expectativas para los defensores de un sistema liberal que se ampara en las definiciones y conceptos como: Pacto, Flexibilidad, Competitividad, Productividad y necesidad de Reformas, para seguir defendiendo sus propios intereses en este sistema economicista que está logrando reducir derechos de los trabajadores, reducir fuertemente el empleo hasta situarlo en más de 4 millones de personas desempleadas, reducir los salarios de los empleados públicos y finalmente reducir las pensiones. Siendo la palabra reducción, un concepto que tendrá una gran confrontación social en el futuro, debido a la obsesión reformista del Gobierno y quienes se apoyan en su política de merma del Estado del Bienestar que no tienen una visión ligada a la defensa de los derechos de los trabajadores y si, están alejándose día a día de posiciones cercanas a salvaguardar todas las expectativas de equilibrio social necesario.
Pero a pesar de estos inconvenientes, también existen miles de trabajadores y ciudadanos que piensan continuar comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, apartando algunas dificultades que pueden surgir en el camino de tratar el “Trabajo y la Libertad” como conceptos irrenunciables para la clase trabajadora. Siendo necesario salvaguardar dichos conceptos junto a los derechos legítimos de los trabajadores y continuar la labor de recuperación de derechos mediante la movilización social que algunas tendencias pretenden minimizar.
Por este motivo, los sindicatos deben ser el vehículo necesario que los trabajadores disponemos y deben dirigirse para lograr sus objetivos de una forma unitaria y organizada en este largo camino de reformas que parecen imparables, hasta que los trabajadores por vías democráticas pongan fin definitivamente a estas injusticias sociales, entregando su confianza a personas, representantes sociales y políticos que sean portadores de sus derechos.
