Un reciente estudio realizado por la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras, arroja una visión exacta de la realidad que esta viviendo la clase obrera en España, como consecuencia de las políticas neoliberales que vienen aplicando los gobiernos de la derecha.
En su Introducción podemos destacar lo siguiente:
Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población.
El empobrecimiento de la población trabajadora no es una consecuencia “natural” de la crisis: la falta de reacción en un primer momento, las medidas erráticas en un segundo momento, la caída de la inversión y, finalmente, la instauración de una línea abiertamente neoliberal desde las instancias políticas, arrojan un saldo en el que a la intensa y prolongada destrucción de empleo hay que unir la precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección de los derechos laborales en el marco del mercado de trabajo y el drástico recorte de los recursos sociales que definen
el Estado del Bienestar, unido a profundas reformas que auguran su desmantelamiento.
En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.
El fenómeno de los trabajadores pobres es estructural únicamente en determinadas sociedades, donde a las precarias condiciones de empleo se une la escasez de recursos sociales. Sin embargo, en los estados sociales europeos, el volumen de población en riesgo de pobreza venía siendo atemperado por las políticas públicas de carácter social, bien por la vía de la transferencia de rentas (pensiones, prestación por desempleo, rentas básicas), bien por la amplitud y densidad de los servicios públicos, especialmente en lo
que se refiere a la provisión gratuita en el momento de su uso de bienes esenciales como la educación o la sanidad.
Los bajos salario, un factor determinante para explicar la pobreza.
Aún cuando pueda parecer una obviedad, el fenómeno de la pobreza, su comprensión y explicación, parten de una cuestión clave: la desigual distribución de la riqueza y de la renta, tanto en sentido “vertical” (rentas del trabajo y rentas del capital) como en sentido “horizontal” (distribución de recursos entre la población).
En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente.
Los recortes en derechos sociales y prestaciones amplían el fenómeno de la pobreza.
Con todo, y aunque en los casos extremos los ingresos son determinantes para la posición con relación a la pobreza de las personas (ingresos muy altos o muy bajos), no son el único factor que determina la situación de pobreza; a los bajos ingresos hay que añadir la mayor o menor dificultad (en el extremo, la imposibilidad) para acceder a determinados bienes o servicios para satisfacer necesidades básicas, teniendo en consideración, además, que no todas las personas están en edad de trabajar o pueden hacerlo.
Aquí el papel de las políticas públicas de carácter social es determinante, y aquí es donde también encontramos una de las claves para el incremento de la pobreza en España.
Educación, Sanidad, y Atención a la Dependencia, tres derechos básicos que se restringen, empobreciendo al conjunto de la ciudadanía.
Aún debemos hablar de otros factores que van a incidir seriamente en el mayor empobrecimiento de la población trabajadora, como son los recortes en materia de educación, sanidad y atención a la dependencia.
Unos recortes que, por rebajar necesariamente su calidad (la reducción de plantillas y de inversiones en los tres casos es una constante desde el inicio de la crisis y va profundizándose de manera contundente), hace inaccesible, de facto, este tipo de bienes para determinadas capas de la población: la dejación de la educación infantil en el sistema educativo público, el drástico recorte en becas y ayudas al estudio, el incremento de las tasas universitarias, el copago sanitario, la exclusión de las recetas de medicamentos de uso habitual, el copago de los servicios de atención a la dependencia (excepto para las rentas muy bajas), la moratoria para la prestación de este servicio a quienes tienen un grado de dependencia moderado, la reducción de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, son algunos de los factores que van a ser determinantes para el incremento de la pobreza en nuestro país.
Una fiscalidad injusta que penaliza a quienes están en una situación más vulnerable.
Como va a ser determinante el hecho de que el gobierno, desoyendo a quienes reclaman una reforma fiscal en profundidad (Comisiones Obreras entre ellos), de carácter progresivo y por tanto, con capacidad redistributiva, haya optado por los impuestos indirectos, un incremento desorbitado del IVA en productos que son esenciales para garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas y salubres para la población, como el gas o la electricidad, o para garantizar la equidad en la educación, como es el caso del material escolar.
La pobreza no incide de forma homogénea entre la población trabajadora.
El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo sino que viene determinado por una serie de factores de carácter laboral, y vinculados a su perfil social y a circunstancias de las unidades de convivencia.
En España, el patrón de crecimiento ha estado muy vinculado a la creación de empleos muy intensivos en mano de obra que requerían escasa cualificación, con una dinámica de externalización productiva que ha supuesto una fuerte atomización del tejido empresarial, hasta el punto de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) concentran más del 60 por ciento del empleo en España (del cual aproximadamente la mitad se encuentra en micro empresas de entre 0 y 9 personas empleadas), y asentado sobre un sistema de relaciones laborales que las sucesivas reformas no han hecho sino fragmentar e inclinar peligrosamente hacia una excesiva temporalidad en la contratación.
