Este papel de embajadora del Gobierno ante los sindicatos, tuvo una imagen bastante sonriente ante el esplendor de su nuevo cargo, como es estar al frente de un importante ministerio del que dependen las condiciones laborales y salariales de millones de trabajadores, alrededor de 5 millones de parados y un creciente colectivo de pensionistas.
Sin embargo, apenas pasados dos días del paseo ministerial por las sedes patronales y sindicales, el protocolo vuelve a resaltar la verdadera política económica del nuevo gobierno y otra vez más, reaparecen las medidas con Recortes Sociales, mediante congelación salarial a los empleados públicos, paralización de las convocatorias de empleo en la administración y aumento de su jornada laboral, al mismo tiempo, se produce una nueva subida de impuestos con aumento del IRPF y la inaceptable congelación del Salario Mínimo Interprofesional que seguirá paralizado en 641 euros mensuales, para miles de trabajadores que dependen del valor de este salario mínimo. Por otro lado, se elogia la escasa subida de 1% en las ya mermadas pensiones.
Mientras tanto, no se tiene ninguna vergüenza en afirmar que la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), sitúa el valor de la inflación anual en el 2,4%, olvidando que con las congelaciones y escasas subidas salariales muchos trabajadores, empleados públicos y pensionistas, jamás verán recuperados el poder adquisitivos de sus salarios.
Es evidente que las medidas impuestas por el nuevo Gobierno son merecedoras de una contestación social contundente que haga recapacitar al ejecutivo sobre las causas de la crisis y quién debe pagar más para salir de ella. No son buenas recetas, ni soluciones las congelaciones de salarios, subidas de impuestos y aumento de inflación; provocando automáticamente aumento del desempleo y reducción radical del consumo, mientras una parte de la sociedad sigue teniendo beneficios de la crisis manteniendo sus privilegios financieros.