14N.- Razones para la Huelga General, contra la Injusticia Social y Laboral.

 

    TENEMOS  QUE PARARLOS

Existen razones para la Huelga General:

1. Porque las políticas que sufrimos se deciden, en gran medida, en Europa, y para que las instituciones europeas no escuchen únicamente la voz de los poderosos y rectifiquen unas medidas que en toda la Unión Europea han dejado más de 24 millones de personas en el paro.

2. Porque en España los efectos de la reforma laboral y de las políticas basadas en la reducción del déficit que renuncian a la reactivación económica han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa. Una de cada cuatro personas que quiere trabajar no encuentra empleo. Más de un millón setecientas mil familias tienen a todos sus miembros en el paro.

3. Porque mientras crece el paro se recortan las prestaciones por desempleo.

4. Porque nuestros jóvenes están condenados al paro (más del 52%), a la exclusión social o a la emigración, con lo que se truncan sus proyectos personales y se sacrifica el futuro del país.

5. Porque los recortes en educación, los incrementos de las tasas universitarias, la reducción de las becas y la reforma educativa que promueve el Gobierno deterioran la calidad de la enseñanza; privan a muchos jóvenes de la posibilidad de acceder a los estudios superiores e imponen una educación clasista, sexista y conservadora que solo beneficia a los sectores privados y religiosos de la enseñanza.

6. Porque los recortes en Investigación y Ciencia perjudican las posibilidades de recuperación económica en el presente y el desarrollo del futuro; además de expulsar de España a talentos reconocidos, de los cuales se aprovechan otros países.

7. Porque los recortes en sanidad y la introducción del “repago” sanitario están excluyendo a los sectores más desfavorecidos, inmigrantes, portadores del virus del sida,… de la atención sanitaria; están devaluando la calidad de la asistencia aumentando las listas de espera y supondrán un retroceso en nuestra calidad y esperanza de vida.

8. Porque los recortes en la aplicación de la Ley de De- pendencia deja a miles de personas, las más necesitadas, sin una atención adecuada, y a miles de trabajadores y trabajadoras sin empleo.

9. Porque se está empobreciendo a la mayoría de la sociedad y empujando a la exclusión social a miles de familias. Se están recortando salarios en el sector público y en el privado; se están reduciendo las prestaciones sociales, mientras nos hacen pagar medicamentos y nos suben los impuestos. Todo ello ha hecho crecer el número desahucios y de pobres en España

–según el indicador AROPE, de la Unión Europea, la tasa de riesgo de pobreza en España podría ser del 26,8% en 2012–

10. Porque en estas condiciones las familias reducen sus gastos y consumen menos. Menos consumo y menos actividad económica, lo que acaba destruyendo empleo y perjudicando a las actividades culturales y de ocio, a los pequeños empresarios, comerciantes y autónomos que, además, siguen sin recibir el crédito de los bancos que necesitan para mantener su actividad. Una situación que en el pequeño comercio se ve agravada por la liberalización de los horarios comerciales que solo beneficia a las grandes superficies.

11. Porque están en riesgo las pensiones públicas, que en la actualidad son el sustento de miles de familias que no tienen otras fuentes de ingresos.

12. Porque así no se sale de la crisis. Llevamos varios años sufriendo estas políticas y estamos peor que antes.

13. Porque el sacrificio no es compartido por toda la sociedad. Las élites económico financieras se salvan de la crisis e incluso sacan beneficio de ella, al abrigo del Gobierno. Son escandalosas las indemnizaciones de los altos ejecutivos de las cajas y bancos que ayudamos entre todos a rescatar; como es escandalosa la amnistía fiscal para los defraudadores a la Hacienda pública.

14. Porque el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral cometiendo un fraude democrático en toda regla. El Gobierno, en lugar de dialogar y buscar acuerdos sobre políticas más justas y equitativas para superar la crisis, está actuando de forma autoritaria y antidemocrática contra todas y todos aquellos que nos atrevemos a cuestionar su actitud.

El desempleo sigue azotando a la clase trabajadora en España.

España ha alcanzado una cifra record y preocupante en el número de personas afectadas por el desempleo. superando así, la tasa tasa de paro más elevada desde los años 70, llegando al 25,02% de la población activa española e integrando a 5.778.100 trabajadoras y trabajadores en el listado de personas que pretenden un puesto de trabajo y no lo consiguen.

El número de hogares en los que todos sus miembros están en paro se sitúan ya en 1.737.900, alcanzando también cifras y límites históricos que han producido un aumento más que considerable, contabilizándose un incremento de 312.700 nuevos hogares afectados en el último año, cifra computa desde el mes de octubre de 2011.

Es evidente que tras la Reforma Laboral aprobada por el actual Gobierno del PP, mediante el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que decían tener por finalidad, la de favorecer el empleo de trabajadores mediante el aumento de los puestos de trabajo. Ha logrado ser, un tremendo engaño y una estafa del actual Gobierno, que como se advirtió en su momento por los sindicatos de clase y por numerosos profesionales del derecho, venia a favorecer:

• Despidos más fáciles, rápidos y baratos.
• Perdidas de referencias del Convenio Colectivo e incumplimiento de derechos en ellos contenidos.
• Reducción salarial y perdidas poder adquisitivo de los salarios.
• Eliminación paulatina de prestaciones de desempleo.
• Expedientes de Regulación de Empleo, sin supervisión sindical.
• Eliminación progresiva de la negociación colectiva como base integrada de derechos laborales.
• Erradicar los sindicatos como símbolo de representación sindical en la empresa.
• Extinguir el poder de los sindicatos de clase como salvaguarda de derechos y libertades en los centros de trabajo.

Hoy, después de nueve meses de mentiras y embustes, los diferentes ministerios implicados en fomentar el empleo, continúan haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado, al mostrarse la espectacular escalada de destrucción de puestos de trabajo que diariamente se ejecutan en todas las empresas españolas y, se niegan a reconocer el verdadero drama social que representa seguir en esta situación y mantener los efectos de la misma.

Un mapa que se extiende por todos y cada uno de los pueblos de España, afectando a todas las comunidades autónomas o de nacionalidad en las que de nuevo se vuelve a destacar la importancia social y laboral que tiene aplicar unas políticas económicas erróneas, en vez de, estar ligadas a la creación de empleo que contribuyen al bienestar de los trabajadores. Por el contrario, como viene siendo habitual, la línea elegida por el Gobierno del Partido Popular, consiste en fomentar los despidos como formula de reducir gastos, aplicando políticas que propician los Expedientes de Regulación de Empleo y Despidos Objetivos, y en paralelo, se procede a desinvertir en políticas de empleo para más tarde, poder utilizar la formula de desviar presupuestos para sanear bancos y poderes financieros afines dentro y fuera de España.

La voz del pueblo exige un Referéndum.

 

Señor Presidente del Gobierno de España:

Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.

No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato electoral” establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio, y creciente, riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-, que puede desembocar en expresiones mucho más dramáticas e indeseables que las que hemos visto hasta ahora.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo... Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.

No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.

Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

Octubre 2012

 

http://www.exigimosunreferendum.org/

La Clase Obrera cada día más pobre.

Un reciente estudio realizado por la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras, arroja una visión exacta de la realidad que esta viviendo la clase obrera en España, como consecuencia de las políticas neoliberales que vienen aplicando los gobiernos de la derecha.

En su Introducción podemos destacar lo siguiente:

Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población.
El empobrecimiento de la población trabajadora no es una consecuencia “natural” de la crisis: la falta de reacción en un primer momento, las medidas erráticas en un segundo momento, la caída de la inversión y, finalmente, la instauración de una línea abiertamente neoliberal desde las instancias políticas,  arrojan un saldo en el que a la intensa y prolongada destrucción de empleo hay que unir la precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección de los derechos laborales en el marco del mercado de trabajo y el drástico recorte de los recursos sociales que definen
el Estado del Bienestar, unido a profundas reformas que auguran su desmantelamiento.
En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.
El fenómeno de los trabajadores pobres es estructural únicamente en determinadas sociedades, donde a las precarias condiciones de empleo se une la escasez de recursos sociales. Sin embargo, en los estados sociales europeos, el volumen de población en riesgo de pobreza venía siendo atemperado por las políticas públicas de carácter social, bien por la vía de la transferencia de rentas (pensiones, prestación por desempleo, rentas básicas), bien por la amplitud y densidad de los servicios públicos, especialmente en lo
que se refiere a la provisión gratuita en el momento de su uso de bienes esenciales como la educación o la sanidad.

Los bajos salario, un factor determinante para explicar la pobreza.
Aún cuando pueda parecer una obviedad, el fenómeno de la pobreza, su comprensión y explicación, parten de una cuestión clave: la desigual distribución de la riqueza y de la renta, tanto en sentido “vertical” (rentas del trabajo y rentas del capital) como en sentido “horizontal” (distribución de recursos entre la población).
En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente.

Los recortes en derechos sociales y prestaciones amplían el fenómeno de la pobreza.
Con todo, y aunque en los casos extremos los ingresos son determinantes para la posición con relación a la pobreza de las personas (ingresos muy altos o muy bajos), no son el único factor que determina la situación de pobreza; a los bajos ingresos hay que añadir  la mayor o menor dificultad (en el extremo, la imposibilidad) para acceder a determinados bienes o servicios para satisfacer necesidades básicas, teniendo en consideración, además, que no todas las personas están en edad de trabajar o pueden hacerlo.
Aquí el papel de las políticas públicas de carácter social es determinante, y aquí es donde también encontramos una de las claves para el incremento de la pobreza en España. 

Educación, Sanidad, y Atención a la Dependencia, tres derechos básicos que se restringen, empobreciendo al conjunto de la ciudadanía.
Aún debemos hablar de otros factores que van a incidir seriamente en el mayor empobrecimiento de la población trabajadora, como son los recortes en materia de educación, sanidad y atención a la dependencia.
Unos recortes que, por rebajar necesariamente su calidad (la reducción de plantillas y de inversiones en los tres casos es una constante desde el inicio de la crisis y va profundizándose de manera contundente), hace inaccesible, de facto, este tipo de bienes para determinadas capas de la población: la dejación de la educación infantil en el sistema educativo público, el drástico recorte en becas y ayudas al estudio, el incremento de las tasas universitarias, el copago sanitario, la exclusión de las recetas de medicamentos de uso habitual, el copago de los servicios de atención a la dependencia (excepto para las rentas muy bajas), la moratoria para la prestación de este servicio a quienes tienen un grado de dependencia moderado, la reducción de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, son algunos de los factores que van a ser determinantes para el incremento de la pobreza en nuestro país.

Una fiscalidad injusta que penaliza a quienes están en una situación más vulnerable.
Como va a ser determinante el hecho de que el gobierno, desoyendo a quienes reclaman una reforma fiscal en profundidad (Comisiones Obreras entre ellos), de carácter progresivo y por tanto, con capacidad redistributiva, haya optado por los impuestos indirectos, un incremento desorbitado del IVA en productos que son esenciales para garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas y salubres para la población, como el gas o la electricidad, o para garantizar la equidad en la educación, como es el caso del material escolar.

La pobreza no incide de forma homogénea entre la población trabajadora.

El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo sino que viene determinado por una serie de factores de carácter laboral, y vinculados a su perfil social y a circunstancias de las unidades de convivencia.
En España, el patrón de crecimiento ha estado muy vinculado a la creación de empleos muy intensivos en mano de obra que requerían  escasa cualificación, con una dinámica de externalización productiva que ha supuesto una fuerte atomización del tejido empresarial, hasta el punto de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) concentran más del 60 por ciento del empleo en España (del cual aproximadamente la mitad se encuentra en micro empresas de entre 0 y 9 personas empleadas), y asentado sobre un sistema de relaciones laborales que las sucesivas reformas no han hecho sino fragmentar e inclinar peligrosamente hacia una excesiva temporalidad en la contratación.

http://www.1mayo.ccoo.es

 

 

 

25S.- La constitución española apaleada

La Constitución Española está llena de innumerables derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos, sin embargo, la realidad y la práctica política del Gobierno del PP, es totalmente diferente, aplicando una gran opresión sobre estos derechos ciudadanos y castigando a sus legítimos dueños con maltrato policial desmedido.

Las siguientes imágenes tomadas el 25S, vienen a demostrar el excesivo operativo policial utilizado contra manifestantes pacíficos y, la tendencia antidemocrática, que el Gobierno de Mariano Rajoy vienen aplicando como forma de acallar el legitimo descontento social contra los recortes.

 

LA LUCHA SIGUE…………….

25S.- Liberemos el Congreso de la opresión Neoliberal

El Congreso de los Diputados es el símbolo de la representación del pueblo y como tal, la ciudadanía puede decidir sobre quién o quienes deben ser sus representantes. Esa es la verdadera Democracia, si se cumple con el Gobierno del Pueblo.

En España, el Gobierno del PP, esta tomando medidas económicas contra la ciudadanía y al mismo tiempo, como si de una dictadura se tratase, niega que el pueblo decida en Referéndum sobre su futuro y ha ocupado el Congreso de los Diputados mediante el despliegue de miles de policías a su servicio.

El pueblo tiene derecho a decidir sobre sus gobernantes, el pueblo tiene derecho a expresar libremente su opinión, el pueblo tiene derecho a circular libremente por sus calles y plazas, el pueblo tiene la obligación de luchar y defender el Congreso de los Diputados y sus Instituciones, cuando han sido ocupadas por los enemigos del pueblo y por los servidores de un Estado Neoliberal opresor.

El pueblo tiene libertad, la libertad reside en el pueblo soberano. La lucha sigue.

Así es la opinión de Alemania sobre España.

Traducción de un artículo publicado en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España:

Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario.

En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

En Alemania crece la crítica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel.

Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios.

España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.

Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente
fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público-234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol,despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.

Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE -15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania.

A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable,fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica,
y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio.

En España no existe separación de poderes,ni independencia del poder judicial,ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista.

Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país.

Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates,no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados.

En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos.

¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE?

Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

Control estricto y duras condiciones:

Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras.

Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa.

Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar.

Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.

La pasada semana el ministro de Industria Soria - imputado también por corrupción urbanística en Canarias - acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente.

Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna.

En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero.Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes.

El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a
un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos).

Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa :101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España.

En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión.

A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas.

Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011.

Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas.

El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa.

Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro.

Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania.

Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD.

La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia.

Es un sistema corrupto e ineficiente.

La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas.

En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.

Hasta siempre camarada Santiago.

 

 

GRACIAS POR TRAERNOS LA DEMOCRACIA A ESTE PAIS Y DARNOS LA LIBERTAD.

GRACIAS POR ENCABEZAR LA LUCHA DE MILES DE HOMBRES Y MUJERES, A FAVOR DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES, DESDE UNA VISION DE LA IZQUIERDA REAL.

Llegó el momento.

 

JULIO ANGUITA GONZÁLEZ, 14 Septiembre 2012

Todos tenemos asumido que con Septiembre comienza una fase en la situación económica, social, política e ideológica en la que no caben dilaciones, análisis de coyuntura o flirteos institucionales. Todo lo ocurrido, hasta ahora, no es otra cosa que un largo período de acumulación de fuerzas, acciones y proyectos para abordar esta recta final que tiene su inicio formal con la petición de rescate que el Reino de España haga a la UE. Durante ese período de tiempo que tiene su inicio en Maastricht las políticas neoliberales, de mano de una y otra columna del bipartidismo, se han ido imponiendo y arrasando las defensas ideológicas de la izquierda, sus valores, sus organizaciones. Y con ello han minado el arraigo que antaño tuvieron entre sus naturales defensores. El que de los restos del naufragio queden islotes, presencia combativa e indómitas voluntades organizadas en precario, no resta un ápice a la realidad que estoy describiendo.
Septiembre nos va a resumir, vía recortes y pérdida total de la llamada soberanía nacional un cuadro que de manera muy resumida voy a desarrollar en una serie de ítems:

1. Una deuda absolutamente impagable.
2. Un país, sus hombres y mujeres, sin horizonte alguno y sin plazo de futuro.
3. Un país que se diluye en la medida en que sus jóvenes (la España del futuro) carecen de alternativa alguna. La emigración sólo es viable para algunos titulados; para el resto sólo quedan la familia y las esporádicas peonadas de un trabajo jornalero aquí y allá.
4. La estúpida (por irreal y alucinógena) imagen de la Europa cristalizada en la UE, ha dejado de ser ya un referente para nada serio y avanzado en derechos humanos, laborales y convergencia social.
5. El pacto de concupiscencias, la transacción que fue la Transición, ha mostrado su auténtica matriz: una operación de afeite y acicalamiento para que el franquismo económico y social se bañase en el Jordán democrático y permaneciese indemne.
6. El llamado Estado de Derecho es una ficción en la que los tres Poderes del Estado rivalizan en desafueros, mal ejemplo y pérdida de credibilidad.
7. Como consecuencia de lo anterior España está asentada en la permanente inseguridad jurídica.
8. Una economía que tras el espejismo del ladrillo se muestra carente de tejido productivo moderno, sin proyecto ni plan de futuro y sobre todo, sin ganas de tenerlo.
9. Un sistema bancario que en connivencia con otras fracciones de la oligarquía, se ha dedicado a esquilmar a su propio país. Los escasos exponentes de capacidad creadora y mantenedora de puestos de trabajo sienten ya la llamada a su fin.

Un sistema político que, con las excepciones de rigor, no da para más. Desde el vértice del mismo hasta la más amplia base no es otra cosa que una alianza de intereses espurios, concomitancias con medios de comunicación convenientemente abducidos y conmilitones en el festín.

Todo ello en una serie de exhibiciones de chulapos y chulapas de la política y el casticismo más cutre en la que lo anecdótico, lo fugaz, lo anecdótico, suplantan la seriedad, el rigor y el sentido de la ponderación. No hay más que seguir durante una semana los informativos nacionales o de comunidad autónoma para ver que no exagero en absoluto.

El problema que tenemos ante nosotros, mujeres y hombres de la izquierda, trasciende los márgenes partidarios, los límites conceptuales clásicos y nos demanda una nueva manera de abordarlos, un nuevo discurso, una nueva terminología, unos nuevos esquemas organizativos. La organización llamada Partido no puede ser un conglomerado de afinidades y de fórmulas lingüísticas heredadas de una tradición más reciente. Precisamente en la tradición más clásica, encontramos la concepción de Partido como Teoría y Práctica organizadas para ser sembradas en la sociedad. La apelación al ciudadano elector ya no vale si no va acompañada de la constancia en la presencia diaria.

El problema que tenemos ante nosotros no es otro que conseguir que la mayoría de dominados y perjudicados deje de ser mayoría en sí y se convierta en mayoría para sí, tal y como Marx dijera de la clase obrera. Porque solamente esa mayoría convertida en poder alternativo puede acabar con este estado de cosas. Nosotros hemos rozado esa nueva visión y esa nueva práctica, pero nos dio miedo, vértigo. Volvamos otra vez a ello arrostrando las consecuencias de todo tipo que ello conlleve. La realidad nos lo demanda.

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Publicado en el Nº 252 de la edición impresa de Mundo Obrero Septiembre 2012

15S. Para impulsar un gobierno del pueblo.

Ha llegado el momento de exigir un referéndum.

Las organizaciones reunidas en la segunda Cumbre Social han hecho pública una declaración en la que ratifican el compromiso de conseguir el próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el profundo rechazo que merecen las políticas que está llevando a cabo el Gobierno en connivencia con la Unión Europea; y que plantee con nitidez que existen alternativas, empezando por una política fiscal más justa y progresiva y una decidida lucha contra el fraude fiscal sin amnistía para los defraudadores.  También, el 15 de septiembre debe cuestionar la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no formaron parte de su programa electoral.

 

15S. YO VOY