Se preparan nuevos recortes a las Pensiones.

El llamado Comité de Expertos ha concluido su Informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, encargado por el Ministerio de Empleo, mediante una posición pública que ha sido avalada con el voto a favor de la mayoría de ellos, entre los que se encuentra el responsable del gabinete de economía de CC.OO.

Siendo inevitable que la posición de Miguel Ángel García como experto con responsabilidades en Comisiones Obreras, haya sido como poco llamativo, chocante e indignante para muchos afiliados y afiliadas al sindicato al que pertenezco. El cual, una vez conocida la posición del sindicato frente a la reforma de las pensiones, tendrá que dimitir de sus cargos o bien, la dirección de CC.OO. ha de cesarle de todas sus responsabilidades dentro de la organización.

Con tal motivo, paso a reproducir una contra valoración sobre el citado Informe que ha realizado, el diputado de ICV-EUiA Joan Coscubiela.

  8 de junio de 2013

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DESCODIFICANDO A LOS EXPERTOS

Sinceramente he dudado mucho en meterme en este berenjenal, pero como la cabra tira al monte, vamos a intentarlo. No es tarea fácil intentar descodificar políticamente el informe de los expertos. Por su complejidad, pero sobre todo porque en este debate se han consolidado al mismo tiempo dos imágenes tan estereotipadas como falsas que es difícil combatir con explicaciones. Una, que es inevitable y urgente la definición del factor de sostenibilidad, sin esperar al período 2027/2032 previsto en la ley 27/2011. Otra, que el informe de los expertos sólo tiene una lectura, la de la reducción de las pensiones y que además el informe es el marco en que debe hacerse la reforma legal. Durante el día de ayer comprobé hasta qué punto estas dos imágenes construidas mediáticamente están consolidadas y dificultan una reflexión serena.

INFORME TAN POLÍTICO COMO TÉCNICO. El informe se presenta como técnico y en buena parte lo es, pero contiene una gran cantidad de valoraciones políticas y juicios de valor estrictamente políticos. Hasta el punto que en muchos de sus apartados las reflexiones políticas solapan claramente las sugerencias técnicas. Ello confirma que el Gobierno nunca debió iniciar el debate de la pensiones intentando marcar las cartas con un informe de “expertos”. Entre otras razones porque los análisis técnicos bien podían haber sido aportados por los propios “expertos” de la Seguridad Social, que a lo largo de décadas han demostrado ser quienes más han acertado en sus proyecciones y los menos contaminados.

Pero me temo que al Gobierno le puede haber salido el tiro por la culata. El informe está lleno de matices, de dobles interpretaciones y de llamadas a la toma de decisiones políticas. Lo que permite intuir que el debate en la Comisión ha sido intenso y que en los temas más conflictivos se ha optado por abrir diferentes interpretaciones y derivar la decisión al Gobierno, al Pacto de Toledo y al Parlamento, como no podría ser de otra manera. Las políticas de pensiones requieren solvencia económica, pero son sobre todo decisiones políticas que no se pueden delegar en el “despotismo ilustrado” de los expertos.

PREJUICIOS Y ADANISMOS. El informe sólo comenzar incurre en dos flagrantes prejuicios. Dar por hecho, sin argumentarlo técnicamente, que es inevitable y urgente adelantar el cálculo del factor de sostenibilidad previsto para entrar el vigor el 2032. Y el habitual adanismo de afirmar que hasta llegar los “expertos” no se han abordado las reformas necesarias.

EL INFORME SE EXTRALIMITA EN EL MANDATO RECIBIDO. El Gobierno del PP intenta justificar su decisión de abordar ahora la reforma en el artículo 8 de la Ley 27/2011 que mandata al establecimiento de un factor de sostenibilidad para el calculo de las pensiones futuras, pero no dice nada de tocar la revalorización de las pensiones actuales. Al proponer una nueva fórmula de revalorización de las pensiones actuales, los expertos lo hacen con criterios políticos para los que no están legitimados democráticamente. Se da la circunstancia que en algunos de los países que han abordado el factor de sostenibilidad, este no afecta a las pensiones presentes.

CARTAS MARCADAS EN EL CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD. Todo el informe gira alrededor de una variable importante, como es el aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años, pero ignora otros factores. En el terreno demográfico las entradas de nuevas cohortes al sistema, vía inmigración o aumento de la natalidad – clave en algunos países gracias a las políticas de familia-. O la ampliación de la base de sistema contributivo, con más y mejores cotizaciones. Sin olvidar el impacto de las mejoras de la productividad – con mucho recorrido en España – y de su reparto social de manera equitativa. Con los restrictivos criterios de “sostenibilidad” del informe, el sistema de pensiones construido en Europa durante el siglo XX no hubiera sido posible.

EL INFORME ABRE LA VÍA A CONSEGUIR MÁS INGRESOS. Y puede que esa sea la razón de que el informe incorpore, como un añadido en su página 22, una reflexión sobre las diferentes posibilidades políticas de mejorar la sostenibilidad, no sólo moderando el crecimiento del gasto, sino aumentando los ingresos. Y no sólo los provenientes de cotizaciones sociales, sino vía fiscalidad general. Y ello a pesar que desde los teóricos de la sostenibilidad siempre se ha querido limitar el debate a un ajuste de gastos en función de los recursos disponibles.

UNAS MEDIDAS PROCICLICAS. Al reflexionar y proponer medidas para una nueva forma de revaloración de las pensiones, se insiste en que la nueva propuesta pretende ser anticíclica en relación al impacto de la revalorización en los gastos del sistema. O sea que en períodos de menos crecimiento de la economía, menos revalorización de las pensiones. Pero al hacerlo se ignora que lo que puede ser anticíclico para el sistema de seguridad social, resulta procíclico para el conjunto de la economía. Porque revalorizar menos las pensiones, cuando la economía crece menos, sin duda puede agravar la crisis en una economía con fuerte dependencia del consumo interior.

FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL. Es la formula propuesta para acomodar el crecimiento futuro de las nuevas pensiones. Hasta ahora en el cálculo de las pensiones intervienen tres factores, años cotizados, bases de cotización y edad de jubilación. Y los expertos proponen una cuarta, el de la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación. Una nueva proporcionalidad que significa que a más esperanza de vida, menos % sobre 100 se cobraría. De manera que siempre se cobrara menos del 100% actual si la esperanza mejora y solo se cobrara más de 100% actual si cae la actual esperanza de vida. La formula propuesta por los expertos comporta que cada uno se hace cargo del reparto de su pensión a lo largo de su vida por vivir más años. Aunque de nuevo aparece el matiz en el informe, cuando se dice que nada impide que la solución sea aumentar los ingresos del sistema de seguridad social, siempre que se explique de donde salen estos nuevos ingresos. Como ven, de nuevo, las formulas técnicas ceden el paso a la política, que es de lo que se trata.

FACTOR DE REVALORIACIÓN ANUAL (FRA). Es el que determina como hacer la revalorización de las actuales pensiones, acabando con la revalorización automática para mantener el valor real de las pensiones, que ha funcionado hasta hoy, con la excepción de los años 2011 y 2012. Ya hemos dicho que en este apartado el informe de los expertos se extralimita en sus consejos. Pero lo más interesante es como el informe abre la vía a tantas posibilidades como quiera la política. Después de proponer una formula nueva, que no garantiza el valor real de las pensiones, se introducen algunos matices. Para evitar que la aplicación de su formula de revalorización pueda suponer una reducción del valor nominal de la pensiones, se plantea una cláusula suelo y se dice que para financiarla se usará el Fondo de Reserva, nutrido de los excedentes de las cotizaciones en épocas de bonanza. Y lo que es más curioso, se abre también la posibilidad de que si así se decide políticamente se pueda garantizar el mantenimiento integro del poder adquisitivo, siempre que se habiliten los recursos necesarios y se explique de donde salen.

APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. A pesar de que los expertos no justifican el porqué de su propuesta, se plantea que las reformas deberían aplicarse cuanto antes, dentro el período 2014/2019. El porque de este período transitorio y no otro, no se explica. Aunque no es exagerado pensar que es el margen político, no técnico, que se le da al Gobierno para que el impacto de las medidas no sea visible – ni en pequeñas dosis- hasta pasados dos ciclos electorales, el del 2015 y el del 2019 – en la hipótesis de no adelanto electoral-. Pero hay más, nada impide en el informe que se pueda acordar políticamente que los criterios adoptados entran en vigor después del 2019. Y más aún, se sugiere que sea cual fuere la fecha escogida para la entrada en vigor de los cambios, los nuevos pensionistas reciban a partir del 2014, además de la información de la pensión reconocida, otra en paralelo sobre cual seria su pensión en el caso de haberse aplicado los nuevos criterios. Total que lo que se podría hacer, si así se decide políticamente, que los criterios propuestos no entren en vigor hasta transcurridos unos años de comprobación de cuales serian sus efectos en los pensionistas y en el gasto agregado del sistema.

Bien, hay muchas más cosas y muy interesantes, como una referencia explícita al artículo 135 de la Constitución Española y a los límites que impone a la política democrática.

Espero haber sabido explicar tres cosas: que el informe es todo menos un informe exclusivamente técnico – los eunucos ideológicos no existen- . Que el informe intenta marcar el terreno de juego de la reforma, pero que permite tantas interpretaciones como quiera la política. Y que el Gobierno no debe escudarse en el informe de los expertos y si quiere plantear una reforma, por otra parte no necesariamente urgente, deberá mojarse.

Y será entonces, cuando el Gobierno presente su propuesta política a los agentes sociales y a la Comisión del Pacto de Toledo, cuando de verdad comenzará el debate de fondo y en el terreno del que nunca debió salir, el de las decisiones de las instituciones democráticas.

Si el Gobierno pretendía con el informe marcar la agenda política de los debates, escondiéndose detrás de los expertos, no deberíamos permitírselo. Y además, son tantas y tan variopintas las hipótesis que abre el informe, que al Gobierno no le va a quedar más remedio que responsabilizarse de las propuestas que haga. Y decidir si quiere tirarse a la piscina, y si lo quiere hacer antes o después de las próximas elecciones.

Al final, será la política la que decida, como no puede ser de otra manera y la ciudadanía tiene mucho que decir. Lo contrario significaría sustituir la democracia por el despotismo ilustrado.